EuropaPress: Los 27 divididos ante la renovación del pacto de pesca
Los Estados miembros se mantienen divididos ante la propuesta de la Comisión Europea de extender el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos hasta febrero de 2012 por las dudas sobre el respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara occidental y los beneficios que el convenio tiene en la población de la ex colonia española.
La falta de acuerdo no afecta en la práctica a la flota comunitaria que puede seguir faenando frente a la costa marroquí hasta el próximo agosto, gracias a una aplicación "provisional y transitoria" del acuerdo pactada entre Rabat y Bruselas el pasado febrero.
El acuerdo actual concede 119 licencias a la flota comunitaria --de las que un centenar son para España, sobre todo para barcos andaluces y canarios-- a cambio de una compensación de 36,1 millones de euros anuales.
El pasado febrero, las partes acordaron una extensión "limitada" de seis meses para el protocolo del acuerdo, con el objetivo de dar más tiempo para negociar las condiciones de un nuevo acuerdo sin tener por ello que detener la pesca en la zona.
Las conversaciones para un nuevo régimen están bloqueadas por las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, de varios Estados miembros y de la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, sobre los beneficios que aporta el actual a la población saharaui, que, a su vez, reclama que sus recursos sean excluidos del acuerdo. La comisaria cree que debe quedar probado el impacto regional de este acuerdo como condición previa para negociar uno nuevo y solicitó a Rabat información al respecto.
En una reunión de los Veintisiete celebrada este miércoles en Bruselas a nivel de embajadores, la Comisión Europea ha presentado a las delegaciones la información remitida por las autoridades marroquíes y que, según fuentes europeas, muestran "de manera objetiva" que el acuerdo pesquero ha favorecido la "creación de empleo" en el Sáhara occidental y que Rabat ha "transferido fondos comunitarios" en beneficio de esta región. El Ejecutivo comunitario valora especialmente que las autoridades marroquíes hayan aceptado ofrecer esta información aunque no estén obligadas a ello.
Pese a que Bruselas ha aportado datos que los Estados miembros le exigieron para apoyar la renovación del acuerdo, los países siguen divididos y no existe una mayoría cualificada suficiente a favor de la propuesta comunitaria. España y Francia lideran el grupo de países que piden una "rápida" renovación del convenio pesquero y recuerdan a los países más reticentes (como Suecia o Dinamarca) que se trataría de una prórroga de sólo un año. Así, habría un cierto margen para iniciar negociaciones más exigentes con la contraparte marroquí de cara a un nuevo acuerdo a partir de marzo de 2012.
Los Veintisiete continuarán la discusión a nivel de embajadores en las próximas semanas, según han indicado fuentes europeas, que advierten de las dificultades de encontrar un acuerdo por la firmeza de algunas delegaciones en sus posiciones, aunque existen "varios indecisos" que han pedido "tiempo" para examinar la información de Rabat y que podrían moverse al grupo de España y Francia.
La propuesta de prórroga que plantea Bruselas contempla que las posibilidades de pesca fijadas por el acuerdo se ajusten a lo que marquen los dictámenes científicos para asegurar una pesca sostenible y, además, que Marruecos presente un informe sobre el uso de la financiación recibida de las arcas comunitarias y su impacto socioeconómico en la región un mes antes de que expire el acuerdo.
La UE pretende pagar a Marruecos por pescar en aguas del Sahara Occidental a partir del año 2013. El acuerdo de pesca sería políticamente controvertido y violaría la legalidad internacional. La campaña internacional Fish Elsewhere! (¡Pescado saharaui!) exige a la Ueque se abstenga de realizar esas actividades inmorales y que faene en otras aguas. No se debería pescar en el Sahara Occidental mentras el conflicto no esté resuelto.
La activista de Derechos Humano en el Sahara Occidental, Aminetu Haidar, pide una mayor atención ante el saqueo de los recursos naturales en Sahara Occidental Ocupado, por parte de la Unión Europea.
